El maltrato infantil en sus diferentes formas: físico, psicológico, laboral, privaciones, homicidios, continúa siendo una herida abierta a nivel mundial y una realidad invisibilizada, especialmente en América Latina y el Caribe, una de las regiones más violentas del mundo y donde existe mayor desigualdad social.

De acuerdo a los datos más recientes de UNICEF, “más de la mitad de las niñas, niños y adolescentes de la región, son víctimas de maltrato físico, emocional, trato negligente o abuso sexual”.

Pese a las limitaciones que ha provocado la crisis sanitaria, el confinamiento y barreras interpuestas por la proliferación del COVID-19, el cometimiento de los delitos no ha cesado, pudiendo determinar que estos delitos han tenido mayor prevalencia por tener a un agresor sexual en sus hogares, y en igual o mayor medida la problemática que deriva de la tecnología que tienen al alcance de la mano de nuestros hijos, hechos que han proliferado por las redes sociales en donde se camuflan los depredadores sexuales que hacen presa fácil para conquistar y reclutar a la niñez y juventud, en una conspiración por el teletrabajo o clases virtuales en casa, situación que sesga o limita el acceso a los padres por su trabajo u ocupaciones; convirtiendo a sus hijos en huérfanos cibernéticos y así creando víctimas perfectas, vulnerables y silenciosas que mantienen un ciclo de violencia degenerada en todos los niveles que dan lugar a la explotación sexual infantil por medio los CIBER ACOSO, GROOMING Y SEXTING INFANTIL.

Cabe mencionar que la violencia se da principalmente en el interior de las familias, por medio del castigo físico como forma de disciplina, el abandono, la explotación económica y el abuso sexual. La violencia es un complejo fenómeno multidimensional que requiere una respuesta multifacética: la salud pública, la justicia penal, los servicios sociales, la educación y la implicación de todos los actores de la sociedad.

Por otro lado, según datos del MIES, en Ecuador aumentó un 102% el ingreso de menores a casas de acogida durante la pandemia de la COVID-19; entre las causas se detallan: maltrato, abusos y abandono. De aquellos 756 nuevos ingresos de menores a los albergues, la mayor parte se concentra en las provincias de Imbabura, Esmeraldas, Azuay, Cañar, Pichincha y Loja.  

Eliminar todas las formas de violencia y abuso contra niñas, niños y adolescentes, en espacios públicos y privados, así como en la educación y el trabajo es parte de acciones organizadas desde los colectivos sociales para generar políticas públicas eficientes que cambien esta dura realidad.

El IV Congreso Iberoamericano contra el Abuso Sexual Infantil, Postpandemia y el Retorno a la Nueva Normalidad, a desarrollarse el 26, 27 y 28 de noviembre de forma virtual, será el escenario perfecto, en el cual, expertos ponentes nacionales e internacionales, además, de autoridades y organizaciones de la defensa de derechos humanos y grupos vulnerables, abordarán esta temática con una cosmovisión del delito de abuso sexual infantil.